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La situación estratégica de Canarias, en medio del Atlántico y a caballo entre tres continentes, la convirtió desde el pasado en un lugar de paso y, por ende, en sitio privilegiado como plataforma de acogida de compañías con negocios intercontinentales.
Esta condición natural se vio beneficiada con políticas compensadoras de la condición insular y la lejanía geográfica desde el siglo XVI, tras su incorporación a la Corona de Castilla. Estos derechos se tradujeron en el siglo XIX en un sistema librecambista, con los denominados Puertos Francos.
La fórmula continuó evolucionando hasta que en 1972 se plasmó en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), una serie de medidas específicas para promover el desarrollo económico y social de las Islas.
La llegada de la democracia a España y su incorporación a la Comunidad Europea (CE) exigió una actualización del REF, que llegaría en 1991. Tres años después, en 1994, experimentó una modificación para incorporar medidas especiales en imposición directa y la Zona Especial Canaria (ZEC), un régimen de baja tributación pensado para convertir Canarias en un lugar atractivo para el establecimiento de grandes empresas. Otro instrumento creado por la CE en 1992, la Zona Franca, área acotada donde se puede almacenar, transformar o distribuir mercancías sin aplicarles impuestos, ayuda a hacer de Canarias un espacio atractivo para los negocios.
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